Después de lo que considero un ataque a la autonomía del Poder Judicial, el Congreso está considerando otra reforma constitucional que busca desaparecer al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI) y a los organismos de transparencia estatales. Esta medida representa una amenaza seria a nuestros derechos fundamentales, como son: el acceso a la información pública, a la participación ciudadana y a una buena administración pública.
¿Por qué afirmo esto? Actualmente, todas las dependencias gubernamentales y las organizaciones que reciben dinero público están obligadas a publicar información relevante en una plataforma en línea. Esto incluye datos como los salarios de los empleados públicos, contratos para construcciones, compra de gasolina, patrullas y gastos en servicios de limpieza, entre otros. La publicación de esta información permite a periodistas y organizaciones civiles revisar y analizar el uso del dinero público, identificando posibles malversaciones o actos de corrupción. Gracias a esta obligación, hemos visto la revelación de casos graves como la "estafa maestra" y el despilfarro de millones de pesos en vacunas contra el Covid que nunca se utilizaron. Pero también le permite a personas comunes y corrientes como usted y como yo solicitar información como puede ser nuestro expediente médico a las instituciones de salud y conocer cómo fuimos atendidos por los médicos.
Sin embargo, muchos servidores públicos prefieren que no se sepa en detalle cómo manejan nuestro dinero, ya sea para evitar críticas o para ocultar su mala gestión. Cuando las dependencias se niegan a publicar información, el instituto de transparencia, que no es parte del gobierno, actúa como nuestro defensor, asegurando que obtengamos la información pública y protegiendo nuestra privacidad. Además, estos institutos se encargan de proteger nuestros datos personales, evitando que nuestra información, como números de teléfono, direcciones y correos electrónicos, que otorgamos a bancos y tiendas departamentales sea vendida o compartida sin nuestro consentimiento.
Con la reforma constitucional propuesta, los institutos de transparencia serían eliminados, y serían las propias dependencias gubernamentales las encargadas de proporcionar la información. Si no estamos satisfechos con la información que nos dan, la misma dependencia decidirá si quiere o no dárnosla. Esto significa, que el gobierno se convertiría en juez y parte en la divulgación de información.
Seamos realistas, es poco probable que un servidor público involucrado en corrupción facilite la información necesaria para su escrutinio; y por el contrario, es mucho más probable que oculten datos importantes, reduciendo nuestra capacidad para supervisar y exigir rendición de cuentas.
Sin acceso a la información, nuestra participación se vería limitada, y la supervisión de las acciones del gobierno se volvería mucho más difícil. La concentración de la información pública en manos del gobierno aumenta los riesgos de corrupción y debilita nuestra capacidad para exigir transparencia y castigo a quien hace mal las cosas.
Aunque muchos de nosotros nunca hayamos solicitado información pública directamente, el trabajo de quienes sí la piden para supervisar al gobierno hace que los servidores públicos corruptos sean más cuidadosos con el manejo del dinero público, ya que enfrentan posibles consecuencias. No seamos indiferentes ante esta reforma; nos afecta a todos y tiene un impacto directo en nuestra capacidad para exigir transparencia, rendición de cuentas y disminución de los niveles de corrupción.
