Las decisiones de la 4T tomadas sobre las rodillas del presidente Andrés Manuel López Obrador con su propuesta de contrarreforma energética ya generó un costo. El miedo cuesta ya al país unos 333 mil 687 millones de pesos que en forma de bonos han sido liquidados por fondos internacionales que ven cada vez más riesgos en la política económica.
Esta liquidación es el equivalente al 15% de los bonos colocados entre el capital internacional y refleja el ánimo de los inversionistas frente a los resultados esperados en la evolución de la economía mexicana en el corto y mediano plazo.
Es simple, no hay apetito por una economía que está buscando cerrar los espacios a la inversión privada pese a que hubo una reforma constitucional que, literalmente, le quitó todos los candados al sector energético.
La narrativa que propaga el gobierno conforme se fue radicalizando hizo más difícil mantener las posiciones. Conforme fue más clara la intención de la Ley Combustóleo, en la industria eléctrica; y ahora la Ley Exprópiese, en hidrocarburos; la velocidad de salida de los inversionistas se incrementó.
En noviembre del año pasado, cuando más fuerte se puso la discusión pública sobre el futuro de Pemex y CFE y las críticas a la apertura arreciaron, la colocación de bonos fue más difícil. De hecho, se colocaron 428 mil millones de pesos menos frente a lo puesto en el mercado antes de iniciar la pandemia.
La decisión del gobierno de llevar a cabo una contrarreforma energética sumada a decisiones como no tener un plan de apoyo económico a las empresas, frenar la apertura e impedir la llegada de nuevos jugadores regresó a la economía mexicana, frente a los ojos de los inversionistas institucionales, a niveles de los 70’s.
Los fondos han tomado decisiones en este año muy importantes: la primera es que no se van a arriesgar en un país donde se busca bloquear la participación del sector privado en una industria que recién fue abierta y ahora quieren cerrar.
Dos, en este momento hay mercados más atractivos que México, con economías maduras y estables y que están saliendo mejor libradas de la pandemia, tienen mejores expectativas de recuperación económica.
Tres, la incertidumbre sobre lo que ocurrirá en la segunda mitad del año ante la posibilidad de que busque una reforma constitucional que cierre y anule la participación de los particulares en energía.
Cuatro, la carta de la USTR y las violaciones sistemáticas al T-MEC no son un buen signo de los tiempos por venir.
Buzos
1.-Ojalá alguien le explique a la Sener, de Rocío Nahle, que ellos no pueden usar a la CRE, que preside Vicente Leopoldo Melchi, como mandaderos o policías. Decir que van a revisar los permisos de las gasolineras como amenaza por vender cara la gasolina es una típica reacción de quien cree que la OPEP la puede manejar desde Huimanguillo. El gato encerrado está en el deseo compulsivo de obtener dinero al intervenir empresas privadas dizque por razones de seguridad nacional, energética o económica.
2.-La herencia que dejó el jubilado Miguel Ángel Lozada en PEP se llama René Puerto Rovira y es quien quedó a cargo de los encargos del anterior director, el chisme es que ya no está dentro de la empresa porque fue despachado por la subdirección de Administración de Servicios de PEP.
Aquí puedes escuchar el podcast de nuestro columnista ⬇️